La Fiscalía General de Paraguay, encabezada por Emiliano Rolón Fernández, ha oficializado la apertura de tres investigaciones penales relacionadas con el colapso del Banco Ueno. El procedimiento judicial busca determinar las posibles responsabilidades del presidente Santiago Peña, así como de diversos funcionarios públicos, en torno a la gestión de la quiebra de la entidad financiera y la supervisión deficiente de los fondos estatales depositados en ella.
Contexto del proceso político y legal
La decisión del Ministerio Público se produce en un momento de alta tensión institucional, mientras el Congreso Nacional debate el destino político del mandatario. Tras presentar su renuncia, el Legislativo evalúa si acepta su dimisión o prosigue con el juicio político iniciado por la Cámara de Diputados. La oposición parlamentaria se ha mostrado reacia a aceptar la renuncia, argumentando que esta permitiría a Peña acceder a la senaduría vitalicia y, por ende, a una inmunidad constitucional que obstaculizaría el avance de los procesos judiciales por presuntos conflictos de intereses.
Impacto económico y social del colapso
El Banco Ueno, intervenido por el Banco Central debido a problemas de insolvencia, gestionaba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluyendo una parte significativa de las reservas del Instituto de Previsión Social. El impacto de esta quiebra ha generado las siguientes consecuencias:
- Detenciones: Ocho ejecutivos han sido arrestados, incluyendo al presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale, y al CEO, Federico Miguel Vázquez.
- Desempleo: El Ministerio de Trabajo estima la pérdida de unos 7.000 puestos laborales entre directos e indirectos.
- Protestas: La ciudadanía ha manifestado su descontento en las calles de Asunción, reclamando la recuperación de ahorros bloqueados y exigiendo rendición de cuentas.
Cuestionamientos a la supervisión estatal
Las investigaciones se centran en el otorgamiento de créditos de alto riesgo a empresas vinculadas a los propietarios del banco, práctica denunciada por organismos inspectores meses antes de la intervención. A pesar de los señalamientos, el Poder Ejecutivo había mantenido una postura de respaldo a la gestión financiera, lo que ha derivado en una crisis de gobernabilidad sin precedentes, provocando incluso que sectores internos del oficialista Partido Colorado retiren su apoyo a la administración de Santiago Peña.
