Nizar Richani, presidente de la Asociación de Ejecutivos del estado Carabobo, ha instado a las autoridades nacionales a declarar el sistema eléctrico regional como una situación de emergencia, al considerar que la problemática actual responde a fallas de índole estructural y no coyuntural. El experto señaló que las soluciones orientadas al mediano y largo plazo resultan insuficientes para atender el déficit energético que afecta la operatividad industrial y comercial de la entidad.
Como medida paliativa inmediata, el exdirectivo del Colegio de Ingenieros de Carabobo ratificó la necesidad de evaluar el arrendamiento de barcazas generadoras. De acuerdo con el especialista, esta estrategia ha sido implementada exitosamente por naciones como Panamá, Ecuador y recientemente Costa Rica para estabilizar su suministro. Según cifras citadas por el gremialista, el país requiere cubrir un déficit aproximado de 2.500 megavatios a nivel nacional para lograr el equilibrio necesario entre la demanda y la oferta eléctrica.
Impacto económico y exigencias gremiales
- Sobrecostos operativos: La carencia de energía constante ha derivado en una «tasa invisible» para el sector privado, representada en gastos de mantenimiento para plantas eléctricas, consumo de combustible, adquisición de inversores y pérdidas de inventario.
- Escalada de costos: Richani vinculó la crisis de servicios con estudios que posicionan a Valencia como una de las ciudades más costosas de Venezuela, atribuyendo este fenómeno al impacto de los apagones en la calidad de vida y la competitividad económica.
- Exigencia de interlocución: El sector empresarial demanda una presencia directa del Ministerio de Energía Eléctrica y de la presidencia de Corpoelec en la región para revisar los esquemas de administración de carga, argumentando que las decisiones centralizadas han ignorado el impacto real en el estado.
