El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado la militarización temporal de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, como respuesta a una escalada de actos violentos que han afectado la seguridad en esta zona fronteriza con Venezuela. La medida, que busca reforzar el control territorial frente a la presencia de grupos armados ilegales, incluye el despliegue reforzado del Ejército Nacional y la Policía Nacional, además de la ejecución de una estrategia especial de control urbano a partir del próximo martes.
Contexto de inseguridad
La decisión del Ejecutivo responde a una serie de eventos criminales recientes, entre los que destaca el asesinato del candidato a la alcaldía municipal, Miguel Castellanos Serrano. Asimismo, la ciudad ha sido escenario de un atentado con explosivos que dejó seis personas heridas, un ataque mediante el uso de drones atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la detonación de un artefacto explosivo en las inmediaciones del puente internacional que conecta con Venezuela, incidente que dejó a cuatro uniformados heridos. Estos grupos armados, junto con disidencias de las FARC, mantienen disputas territoriales motivadas por el control de rentas ilícitas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Precedentes administrativos
Esta intervención en Cúcuta representa el segundo despliegue de militarización ordenado por la administración de De la Espriella, quien asumió la jefatura del Estado el 7 de agosto de 2026. El primer antecedente ocurrió el pasado mes de septiembre en la ciudad de Santa Marta, donde el Gobierno implementó medidas equivalentes para contrarrestar el accionar de bandas dedicadas al narcotráfico. Según informes de organismos internacionales, la región fronteriza del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta permanecen bajo una tensión constante debido a la diversificación de las actividades delictivas de los grupos armados organizados.
