El Tribunal Oral Federal dio inicio este viernes al proceso judicial contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Ambos enfrentan cargos por la presunta utilización de sus empresas hoteleras e inmobiliarias, específicamente Hotesur y Los Sauces, para canalizar fondos públicos mediante maniobras de lavado de activos y asociación ilícita. La audiencia inaugural se desarrolló de manera virtual, conectando a los cerca de 20 imputados, entre los que figuran exfuncionarios de sus mandatos y diversos empresarios del sector de la construcción.
Detalles de la acusación y mecánica delictiva
La Fiscalía sostiene que la estructura delictiva operó mediante la simulación de contratos de alquiler de habitaciones en hoteles de la provincia de Santa Cruz, los cuales permanecían desocupados o con ocupación mínima. Según el Ministerio Público, estos pagos eran realizados por empresas ligadas al empresario Lázaro Báez —también imputado en este proceso—, utilizando recursos obtenidos previamente mediante la adjudicación irregular de obra pública. Los investigadores definen este entramado como una asociación ilícita estable, con roles definidos que permitieron la transferencia de capitales hacia el patrimonio familiar de los Kirchner durante sus periodos de gestión.
Contexto judicial y defensas
La exmandataria, quien actualmente cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua por corrupción en un caso paralelo de obra pública, rechaza las acusaciones. Fernández de Kirchner alega ser objeto de una persecución judicial con fines de proscripción política. En caso de ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas máximas de hasta 10 años de prisión. El juicio continuará con la presentación de pruebas y los testimonios de los involucrados, sumándose a otros expedientes judiciales que actualmente mantienen bajo investigación a la exjefa de Estado.
