El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó ante el Congreso una reforma legal orientada a restringir el régimen de reducción de penas por buena conducta. La medida responde a una crisis política originada tras la revelación de que el Ministerio de Justicia concedió beneficios penitenciarios a 56 individuos condenados por delitos de violación y abuso sexual contra menores de edad desde el inicio de la actual administración en marzo.
Detalles de la controversia y respuesta del Ejecutivo
La investigación, difundida inicialmente por el medio local Interferencia, detalla que entre los beneficiados se encuentran 27 personas condenadas por abuso sexual y 29 por violación. Ante las críticas, el mandatario admitió públicamente que el Estado falló en sus protocolos de control. A pesar de la presión social y política, el presidente Kast ha mantenido al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en su cargo, argumentando que la cartera ministerial actuó bajo el cumplimiento formal de requisitos legales sin ponderar el contexto delictivo en cada caso específico.
Contexto sociopolítico y reacciones legislativas
La gestión de esta crisis ha generado rechazo en diversos sectores:
- Oposición: Parlamentarios preparan una acusación constitucional contra el ministro Rabat para iniciar un juicio político.
- Oficialismo: Sectores aliados al gobierno han manifestado su disconformidad con la permanencia del titular de Justicia, priorizando la protección de la infancia sobre lealtades políticas.
- Ciudadanía: Decenas de personas se congregaron frente a la sede del Ministerio de Justicia en Santiago en una manifestación pacífica para exigir la renuncia de las autoridades responsables de estas concesiones.
El proyecto de ley busca modificar los mecanismos de reinserción social que permiten reducir condenas, con el fin de evitar que el beneficio se aplique a reclusos con sentencias por delitos de alta connotación social contra menores, marcando un endurecimiento en la política penal ante el malestar social vigente.
