El empresario Luigi Pisella, en representación de propuestas presentadas ante la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, planteó que los bienes confiscados por el Estado venezolano que no hayan sido objeto de pago o indemnización deben ser devueltos a sus propietarios originales. Según el planteamiento, estos activos quedarían excluidos de cualquier esquema de subasta, al no considerarse propiedad definitiva de la administración pública.
Marco jurídico y transparencia en la gestión de activos
Pisella enfatizó durante una entrevista con Unión Radio que la distinción radica en el estatus legal de la expropiación. Aquellos activos cuya expropiación fue completada y debidamente remunerada conforme a la Constitución integran el patrimonio del Estado. Por el contrario, los procesos que no han concluido o carecen de compensación serán sujetos de revisión jurídica para concretar su restitución. El objetivo declarado por el gremio es establecer mecanismos que otorguen seguridad jurídica, orientados a incentivar la confianza tanto del sector privado nacional como de los inversionistas extranjeros.
Estrategias para la reactivación económica
La propuesta integral del sector empresarial incluye la implementación de procesos de transparencia mediante licitaciones, subastas públicas y operaciones a través de la bolsa de valores. De acuerdo con el planteamiento, estas medidas buscan dinamizar la economía mediante la inyección de capital en los activos, lo que, según el vocero, permitiría la estabilización de las nóminas laborales y la creación de condiciones para futuras mejoras salariales. El proceso se fundamenta en la búsqueda de alternativas legales que garanticen la continuidad y el respeto a la propiedad privada en el marco del proceso de evaluación de activos públicos.
